Ahí va un artículo sobre la incoherencia de la política del gobierno español respecto al conflicto del Próximo Oriente entre israelíes y palestinos. Los autores son David Bondia, profesor titular de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Barcelona y Luca Gervasoni i Vila, Codirector de la ONG Nova - Noviolencia Activa y Construcción de Paz.
¿Van a cambiar las relaciones entre España e Israel? ¿Van a ser los ataques sobre la Franja de Gaza del 2008-2009 (1.417 muertes) y la Guerra del Líbano del 2006 (1.006 muertes) y todo el resto de guerras y la ocupación del Territorio Palestino y ahora un ataque a un convoy humanitario en aguas internacionales suficiente para que España no siga dando apoyo a la impunidad de Israel?
No seamos optimistas.
Tan solo hay que leer el tibio comunicado inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores: “El Gobierno de España (…) apoya que Israel lleve a cabo una investigación y se depuren responsabilidades”. Ni siquiera incluye una condena explícita contra el Gobierno Israelí. “España expresa sus condolencias a las familias de las víctimas” y esto es todo. Un ataque a más de 700 civiles en aguas internacionales. Nueve muertos. Sólo otra estadística que debemos sumar al caos de sangre y muerte de Oriente Medio.
A principios de 2009, el Gobierno Español también comunicó “su profunda preocupación por el desencadenamiento de la ofensiva terrestre del Ejército Israelí en la Franja de Gaza” y dio apoyo a la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, de enviar una Misión de Investigación para determinar todas las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario que se hubiesen producido durante el conflicto de Gaza. Entonces, como ahora, la estrategia fue lamentar lo ocurrido y solicitar que se investigasen los hechos.
¿El resultado? Tras una exhaustiva investigación, el Presidente de la Misión de la ONU, el jurista sudafricano Richard Goldstone, aseguró que Israel y Hamas habían cometido crímenes de guerra. Israel protestó enérgicamente. España dudó. El 5 de noviembre de 2009, la Asamblea General de la ONU organizó una votación donde se solicitaba que se implementasen las recomendaciones del Informe. España se abstuvo.
Circulan varias hipótesis para explicar por qué España no apoyó el Informe Goldstone. Algunas afirman que se quiso fortalecer una postura común europea que ya estaba maltrecha por la decisión de Italia y Alemania de votar en contra o la de Portugal e Irlanda que votaron a favor. Otras hipótesis afirman que se priorizó no dañar el potencial proceso de Paz entre Israel y Palestina. No olvidemos que el Gobierno Israelí opuso una resistencia numantina contra el Informe de las Naciones Unidas. ¿Sus argumentos? Con este informe se intenta perjudicar a Israel y no promover una paz para Oriente Medio. Quien quiere la paz está contra Goldstone. ¿Lecciones aprendidas? La sociedad civil y las autoridades Palestinas no confían en que una investigación seria e imparcial para esclarecer los hechos tenga algún potencial para mejorar la situación en el terreno. ¿De qué servirá que una investigación declare ahora que Israel violó normas del Derecho internacional al atacar con un comando de élite a un convoy humanitario en aguas internacionales y matar a nueve personas? España puede volver a abstenerse.
¿Y eso es todo? Más. El temor de la sociedad civil española que solicita un cambio en las relaciones entre España e Israel es que el Gobierno Español repita sus actuaciones del último año. Y no sólo piensan en Goldstone.
El pasado 16 de marzo, la Ministra de Defensa, Carme Chacón, se reunió en Madrid con su homólogo israelí, Ehud Barak, para firmar un Memorando de Entendimiento para impulsar la cooperación militar entre ambos países. Poco más de un año después de los ataques sobre la Franja de Gaza asistimos a un encaje de manos entre una representante del gobierno español y la persona que coordinó el operativo militar israelí. “Este memorando es un paraguas que nos permitirá profundizar las relaciones bilaterales entre España e Israel en materia de venta de armamento e investigación militar” declaró Ehud Barak. Estas relaciones incluyen que España venda armamento a Israel. En los últimos 14 años, España ha exportado “material de defensa” y armas cortas a Israel por valor de 25 millones de Euros, que se suman a otros 8,6 millones en material de doble uso: civil y militar. Al mismo tiempo que se lamentaba la pérdida de vidas humanas en Gaza, el Gobierno Español autorizó un incremento del 14% en la venta de armas a Israel en el primer trimestre de 2009[1]. Cuando Gaza todavía humeaba. Y lo más grave: sin que existan garantías de que estas armas no sean utilizadas para operativos como la operación Plomo Fundido, la Guerra del Líbano o el asalto al convoy humanitario de la Flotilla de la Libertad. Estos hechos son conocidos en el Territorio Palestino. Miran hacia Occidente y escuchan condenas y lamentos y peticiones de investigaciones, pero ven cómo al mismo tiempo se intensifica la venta de armamento español al ejército israelí. Declaraciones frente a hechos. Se arriesgan a aumentar las exportaciones aunque suponga una violación de normas internacionales. Aunque suponga una vulneración de la propia legislación española en materia de exportaciones de material militar.
Más. El pasado mayo de 2010 se realizó una importante votación en el seno de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). ¿Qué se votaba? Israel solicitó ser aceptado como miembro de la OCDE. Una organización que pretende incorporar entre sus miembros a los Estados democráticos y desarrollados del mundo para promover una mayor cooperación económica entre ellos. El Primer Ministro palestino, Salaam Fayaad, entró en cólera e hizo suya la retórica grandilocuente que contamina la política en Oriente Medio: “Si se vota a favor de la entrada de Israel en la OCDE, los Estados occidentales estarán premiando la sistemática violación del Derecho internacional que comete Israel. Quien quiera la paz votará en contra de que Israel sea aceptado en la OCDE”. S. Fayaad no sólo trataba de perjudicar a su “enemigo”. El mayor temor de la Autoridad Palestina era que si Israel entraba en la OCDE una parte muy significativa de la Comunidad Internacional estaría legitimando de facto las fronteras que reclama para sí Israel. Aunque esas fronteras sean contrarias al Derecho internacional. Significaría que los territorios ocupados de Palestina y Siria (Altos del Golán) pasarían a ser reconocidos como parte de Israel, de su esfera económica, pero quedarían excluidas las personas que viven en esas tierras. Los palestinos serían borrados.
Llegó mayo y hubo que votar. Desde Palestina se inició una ofensiva diplomática para conseguir que al menos un país integrante de la OCDE votase en contra de la entrada de Israel. Ese voto hubiese sido suficiente para bloquear dicha incorporación. Los diarios israelíes acusaron en portada a la Autoridad Palestina de ser una entidad boicoteadora. El consejo de colonos redactó un comunicado diciendo que la posición del Primer Ministro palestino era equivalente a una declaración de guerra. Ahí España no dudó. El Gobierno Español votó a favor de la entrada de Israel en la OCDE. Lo mismo que los restantes 29 estados con derecho a voto. Otra vez: frente a las declaraciones, los hechos. Hoy Israel ya es miembro de la OCDE.
El columnista y miembro del consejo de redacción del diario israelí Haaretz, Gideon Levy, reflexionaba el pasado domingo, desde el emblemático American Colony de Jerusalén, sobre las consecuencias del ataque del ejército israelí sobre la Flotilla de la libertad. “Lo que más me preocupa es que se siga reforzando un mensaje de impunidad”, declaraba. “Si todo esto (la Ocupación, la Operación Plomo Fundido, la Guerra de Líbano y ahora el ataque a la Flotilla) puede ocurrir sin que cambien las relaciones entre las potencias occidentales e Israel, mi gran temor es que nada va a cambiar. Si no damos apoyo a la sociedad civil, israelí, palestina o internacional, que exige un cambio en las relaciones con Israel: nada va a cambiar. Si no hay un cambio desde la Comunidad Internacional, todo va a seguir igual. La ocupación y el bloqueo de Gaza van a quedarse para siempre. Y aquí todos perdemos: Palestina e Israel y el mundo”.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado que la Presidencia Española de la Unión Europea presentará al próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la UE una iniciativa para levantar el bloqueo de Gaza. Es una última oportunidad de conseguir que algo cambie. “Hay un hartazgo general. Estamos en un punto de inflexión. La comunidad internacional debe afrontar cómo resolver el conflicto entre Israel y Palestina y terminar con el bloqueo de Gaza” declaró.
El ejecutivo español no puede repetir sus actuaciones a lo largo del último año. Es tiempo de condenar al Gobierno Israelí por haber violado diversas normas jurídicas internacionales en su ataque sobre la Flotilla de la Libertad; es tiempo de no autorizar más la venta de armas a un ejército que es responsable de violar de forma sistemática el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario en territorio ocupado; es tiempo de no premiar a quien no respeta el Derecho internacional y de recordar que el silencio ante dichas violaciones nos hace cómplices.
Es tiempo de pasar de las declaraciones a los hechos. En otras palabras, ya va siendo hora de que el Gobierno español entienda que la lucha contra la impunidad requiere que se haga efectivo el derecho a saber, a la justicia y a la reparación. Aquí y en Palestina.
No seamos optimistas.
Tan solo hay que leer el tibio comunicado inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores: “El Gobierno de España (…) apoya que Israel lleve a cabo una investigación y se depuren responsabilidades”. Ni siquiera incluye una condena explícita contra el Gobierno Israelí. “España expresa sus condolencias a las familias de las víctimas” y esto es todo. Un ataque a más de 700 civiles en aguas internacionales. Nueve muertos. Sólo otra estadística que debemos sumar al caos de sangre y muerte de Oriente Medio.
A principios de 2009, el Gobierno Español también comunicó “su profunda preocupación por el desencadenamiento de la ofensiva terrestre del Ejército Israelí en la Franja de Gaza” y dio apoyo a la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, de enviar una Misión de Investigación para determinar todas las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario que se hubiesen producido durante el conflicto de Gaza. Entonces, como ahora, la estrategia fue lamentar lo ocurrido y solicitar que se investigasen los hechos.
¿El resultado? Tras una exhaustiva investigación, el Presidente de la Misión de la ONU, el jurista sudafricano Richard Goldstone, aseguró que Israel y Hamas habían cometido crímenes de guerra. Israel protestó enérgicamente. España dudó. El 5 de noviembre de 2009, la Asamblea General de la ONU organizó una votación donde se solicitaba que se implementasen las recomendaciones del Informe. España se abstuvo.
Circulan varias hipótesis para explicar por qué España no apoyó el Informe Goldstone. Algunas afirman que se quiso fortalecer una postura común europea que ya estaba maltrecha por la decisión de Italia y Alemania de votar en contra o la de Portugal e Irlanda que votaron a favor. Otras hipótesis afirman que se priorizó no dañar el potencial proceso de Paz entre Israel y Palestina. No olvidemos que el Gobierno Israelí opuso una resistencia numantina contra el Informe de las Naciones Unidas. ¿Sus argumentos? Con este informe se intenta perjudicar a Israel y no promover una paz para Oriente Medio. Quien quiere la paz está contra Goldstone. ¿Lecciones aprendidas? La sociedad civil y las autoridades Palestinas no confían en que una investigación seria e imparcial para esclarecer los hechos tenga algún potencial para mejorar la situación en el terreno. ¿De qué servirá que una investigación declare ahora que Israel violó normas del Derecho internacional al atacar con un comando de élite a un convoy humanitario en aguas internacionales y matar a nueve personas? España puede volver a abstenerse.
¿Y eso es todo? Más. El temor de la sociedad civil española que solicita un cambio en las relaciones entre España e Israel es que el Gobierno Español repita sus actuaciones del último año. Y no sólo piensan en Goldstone.
El pasado 16 de marzo, la Ministra de Defensa, Carme Chacón, se reunió en Madrid con su homólogo israelí, Ehud Barak, para firmar un Memorando de Entendimiento para impulsar la cooperación militar entre ambos países. Poco más de un año después de los ataques sobre la Franja de Gaza asistimos a un encaje de manos entre una representante del gobierno español y la persona que coordinó el operativo militar israelí. “Este memorando es un paraguas que nos permitirá profundizar las relaciones bilaterales entre España e Israel en materia de venta de armamento e investigación militar” declaró Ehud Barak. Estas relaciones incluyen que España venda armamento a Israel. En los últimos 14 años, España ha exportado “material de defensa” y armas cortas a Israel por valor de 25 millones de Euros, que se suman a otros 8,6 millones en material de doble uso: civil y militar. Al mismo tiempo que se lamentaba la pérdida de vidas humanas en Gaza, el Gobierno Español autorizó un incremento del 14% en la venta de armas a Israel en el primer trimestre de 2009[1]. Cuando Gaza todavía humeaba. Y lo más grave: sin que existan garantías de que estas armas no sean utilizadas para operativos como la operación Plomo Fundido, la Guerra del Líbano o el asalto al convoy humanitario de la Flotilla de la Libertad. Estos hechos son conocidos en el Territorio Palestino. Miran hacia Occidente y escuchan condenas y lamentos y peticiones de investigaciones, pero ven cómo al mismo tiempo se intensifica la venta de armamento español al ejército israelí. Declaraciones frente a hechos. Se arriesgan a aumentar las exportaciones aunque suponga una violación de normas internacionales. Aunque suponga una vulneración de la propia legislación española en materia de exportaciones de material militar.
Más. El pasado mayo de 2010 se realizó una importante votación en el seno de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). ¿Qué se votaba? Israel solicitó ser aceptado como miembro de la OCDE. Una organización que pretende incorporar entre sus miembros a los Estados democráticos y desarrollados del mundo para promover una mayor cooperación económica entre ellos. El Primer Ministro palestino, Salaam Fayaad, entró en cólera e hizo suya la retórica grandilocuente que contamina la política en Oriente Medio: “Si se vota a favor de la entrada de Israel en la OCDE, los Estados occidentales estarán premiando la sistemática violación del Derecho internacional que comete Israel. Quien quiera la paz votará en contra de que Israel sea aceptado en la OCDE”. S. Fayaad no sólo trataba de perjudicar a su “enemigo”. El mayor temor de la Autoridad Palestina era que si Israel entraba en la OCDE una parte muy significativa de la Comunidad Internacional estaría legitimando de facto las fronteras que reclama para sí Israel. Aunque esas fronteras sean contrarias al Derecho internacional. Significaría que los territorios ocupados de Palestina y Siria (Altos del Golán) pasarían a ser reconocidos como parte de Israel, de su esfera económica, pero quedarían excluidas las personas que viven en esas tierras. Los palestinos serían borrados.
Llegó mayo y hubo que votar. Desde Palestina se inició una ofensiva diplomática para conseguir que al menos un país integrante de la OCDE votase en contra de la entrada de Israel. Ese voto hubiese sido suficiente para bloquear dicha incorporación. Los diarios israelíes acusaron en portada a la Autoridad Palestina de ser una entidad boicoteadora. El consejo de colonos redactó un comunicado diciendo que la posición del Primer Ministro palestino era equivalente a una declaración de guerra. Ahí España no dudó. El Gobierno Español votó a favor de la entrada de Israel en la OCDE. Lo mismo que los restantes 29 estados con derecho a voto. Otra vez: frente a las declaraciones, los hechos. Hoy Israel ya es miembro de la OCDE.
El columnista y miembro del consejo de redacción del diario israelí Haaretz, Gideon Levy, reflexionaba el pasado domingo, desde el emblemático American Colony de Jerusalén, sobre las consecuencias del ataque del ejército israelí sobre la Flotilla de la libertad. “Lo que más me preocupa es que se siga reforzando un mensaje de impunidad”, declaraba. “Si todo esto (la Ocupación, la Operación Plomo Fundido, la Guerra de Líbano y ahora el ataque a la Flotilla) puede ocurrir sin que cambien las relaciones entre las potencias occidentales e Israel, mi gran temor es que nada va a cambiar. Si no damos apoyo a la sociedad civil, israelí, palestina o internacional, que exige un cambio en las relaciones con Israel: nada va a cambiar. Si no hay un cambio desde la Comunidad Internacional, todo va a seguir igual. La ocupación y el bloqueo de Gaza van a quedarse para siempre. Y aquí todos perdemos: Palestina e Israel y el mundo”.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado que la Presidencia Española de la Unión Europea presentará al próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la UE una iniciativa para levantar el bloqueo de Gaza. Es una última oportunidad de conseguir que algo cambie. “Hay un hartazgo general. Estamos en un punto de inflexión. La comunidad internacional debe afrontar cómo resolver el conflicto entre Israel y Palestina y terminar con el bloqueo de Gaza” declaró.
El ejecutivo español no puede repetir sus actuaciones a lo largo del último año. Es tiempo de condenar al Gobierno Israelí por haber violado diversas normas jurídicas internacionales en su ataque sobre la Flotilla de la Libertad; es tiempo de no autorizar más la venta de armas a un ejército que es responsable de violar de forma sistemática el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario en territorio ocupado; es tiempo de no premiar a quien no respeta el Derecho internacional y de recordar que el silencio ante dichas violaciones nos hace cómplices.
Es tiempo de pasar de las declaraciones a los hechos. En otras palabras, ya va siendo hora de que el Gobierno español entienda que la lucha contra la impunidad requiere que se haga efectivo el derecho a saber, a la justicia y a la reparación. Aquí y en Palestina.
[1] Más datos disponibles en el estudio de Nova y el Centro Delàs: “España-Israel Relaciones en materia militar, armamentista y de seguridad. Balance y tendencias”. Disponible en: http://noviolencia.nova.cat/investigaciones
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